Paridad de género, alternabilidad y secuencialidad

Los artículos 65 y 117 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen los principios de paridad y alternabilidad entre hombre y mujeres para la elección y el ejercicio de los cargosde nominación y designación de carácter público como también en las instancias de dirección y decisión de las organizaciones políticas. Así mismo ambos preceptos constitucionales ordenan que en las elecciones pluripersonales se respetara la alternabilidad y secuencialidad en la conformación de las listas de candidatos como en la conformación de los órganos directivos de las organizaciones políticas. 

Adicional a lo anterior, el principio de paridad se vincula estrechamente con el principio de igualdad y no discriminación por razones de género, como también el derecho a la igualdad formal y material, contemplados en los artículos 11 numeral 2 y 66 numeral 4 de la Constitución de la República.

Así, la paridad, secuencialidad y alternabilidad “(…) en el ámbito político especifica la composición paritaria, en términos de sexo, de diversas instancias y órganos de toma de decisión. En particular, respecto a las listas electorales establece que deben estar integradas en forma equitativa por un 50% de candidatas mujeres y 50% de candidatos varones.”[1]

Por otro lado, es necesario comprender que la paridad y las cuotas de género dentro de los sistemas electorales no son lo mismo. Así, la cuota de género “son medidas temporales que se mantienen hasta lograr el objetivo principal, que no es otro que la consecución de la igualdad política entre hombres y mujeres.[2]

En este sentido las cuotas de género son medidas progresivas establecidas en la legislación electoral, las cuales tienen con la finalidad de incorporar paulatinamente a las mujeres dentro de la participación política como abrir progresivamente para ellas espacios de candidaturas y participación, alcanzándose en un momento la paridad total, este principios fue el que inspiró tanto la Ley de Amparo Laboral de 1997, al artículo 102 de la Constitución de 1998 y la Ley de Cuotas del año 2000,  quienes establecían porcentajes mínimos y de crecimiento progresivo en la integración de las listas de candidatos con mujeres.

Sin embargo, dicha incorporación y participación no era obligatoria y las candidaturas femeninas estaban relegadas a puestos secundarios dentro de las lista pluripersonales, lo cual dificultaba su identificación y elección por parte de los votantes, como también no eran tomadas en cuenta para conformar las directivas de las organizaciones políticas. En la práctica como lo señala Albiane:

 Los sistemas electorales pueden convertirse en un obstáculo para implementar medidas tendientes a promover la participación política de las mujeres. Por otro lado, el escenario sociocultural también tiende a condicionar los resultados de la implementación de este mecanismo al tratarse de sociedades patriarcales. En tales sociedades la competencia electoral en términos de género suele estar acompañada por el fenómeno del acoso y violencia política de género, entendida como una expresión de violencia de género en el espacio político que obstruye los derechos políticos y los derechos humanos de las mujeres. Este escenario es aún más complejo cuando se trata de sociedades atravesadas por la variable étnica, ya que se presenta el desafío de incluir a un grupo social doblemente discriminado y violentado –por razones de género y por su identidad indígena originaria.[3]

Al contrario, el principio de paridad es “(…) una medida definitiva, que reformula la concepción del poder político, redefiniéndolo como un espacio que debe ser compartido igualitariamente entre hombres y mujeres.”[4] Con mayor precisión Cobo define a la paridad como:

Un proceso estratégico contra el monopolio masculino del poder político en busca de un reparto equitativo de éste entre hombres y mujeres; a la vez promueve una transformación en las relaciones de género en todos los ámbitos de la vida pública y privada. En este sentido, es posible afirmar que la paridad política transforma la dinámica democrática a través de una nueva propuesta de contrato sexual orientado a equiparar roles y funciones para ambos sexos tanto en el ámbito público como privado.[5]

  Por lo tanto, la paridad constituye un  parámetro de validez que tiene como fin combatir la desigualdad histórica y estructural generada, entre otras cosas por la imposibilidad de factor de que las mujeres ejerzan sus derechos políticos electorales, con la consecuente sub-representación de este género en los espacios públicos de deliberación y toma de decisiones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, dentro de su sentencia en el caso SUP- REC – 735 / 2015 del 23 de septiembre de 2015[6], define a la paridad de la siguiente manera:

La paridad es una medida permanente, de igualdad sustantiva y estructural, que pretende garantizar la inclusión de las mujeres, cada una con su experiencia e intereses – considerada individualmente – en los órganos de elección popular. Responde al entendimiento incluyente e igualitario de la democracia, en el que la representación descriptiva y simbólica de las mujeres es indispensable, pues el acceso a los cargos públicos en la práctica ha sido negado.

En este sentido, la paridad constituye un compromiso internacional adquirido por el Estado Ecuatoriano, al suscribir la Convención Americana sobre derechos humanos (Arts. 1, 23,24); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2,3, 25, 26); la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (arts. 2, 3,5); la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (arts. 4, 5, 7,8); y la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer (art. II y III).

En este contexto, el efecto irradiante de los derechos constitucionales permea tanto a las instituciones pública y a las organizaciones políticas, a fin de lograr la igualdad jurídica y material, eliminar la discriminación, y erradicar la exclusión estructural de las mujeres dentro de la sociedad, coadyuvando a construir una democracia paritaria en lo político, económico y social como también en lo público y lo privado, como lo señal Cobo:

La paridad plantea que la participación en lo público y en lo político, y las tareas que se derivan de esta participación, debe recaer igualmente en varones y mujeres. La noción de democracia paritaria nace de la contradicción entre el aumento de mujeres en muchos ámbitos de la vida social y su ausencia de los espacios donde se votas las leyes y se toman las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad y muy particularmente a las vidas de las mujeres.[7] 

A fin de asegurar la materialización del principio de paridad e igualdad de género, la legislación electoral contempla a la alternabilidad y secuencialidad como los instrumentos para lograr su cumplimiento efectivo, así el Código de la Democracia establece las siguientes reglas que las instrumentalizar:

  1. Obligatoriedad de la participación alternada y secuencial en las candidaturas para las elecciones pluripersonales. (Art.3);
  2. La conformación obligatoria, paritaria y secuencial de las listas de candidaturas pluripersonales por parte de las organizaciones políticas, con secuencia de mujer – hombre u hombre – mujer hasta completas el total de candidaturas principales y suplentes. (Art.99);
  3. Promoción electoral orientada únicamente a la difusión de planes, programas y proyectos específicos. (Art.207);
  4. La obligación de las organizaciones políticas de designar sus autoridades siguiendo los principios constitucionales de alternancia, paridad, y secuencialidad. (Art.331);
  5. El deber de las organizaciones políticas de garantizar la formación ciudadana bajo los enfoques de derechos humanos, de género, interculturalidad, igualdad, no discriminación y cultural de sus miembros. (Art. 331 numeral 11);
  6. La estructura y funcionamiento de las organizaciones políticas deberán ser democráticas, garantizando la conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas. Así mismo deberán aplicar estos principios a su conducta permanente y dentro de sus procesos de democracia interna como de deliberación. (Art.343);
  7. Las campañas para la promoción de candidaturas para la conformación de las directivas de las organizaciones políticas no podrán fundamentarse en ataques personales o acusaciones a los otros postulantes. (Art.347);
  8. Promoción electoral en condiciones de equidad en los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas. (Art.350).

Finalmente, como aplicación transversal del principio de paridad de género como de la edificación de la democracia paritaria, la Constitución prevé una serie de derechos y garantías para prevenir y sancionar la violencia de género dentro de la política, entendida esta como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”[8].  Así, la Constitución establece en su artículo 66, el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente libre de violencia en el ámbito público y privado, para lo cual el Estado está en la obligación de adoptar medidas normativas y políticas públicas que prevengan, eliminen y sanciones la violencia en contra de las mujeres.

Es importante que en este año que estamos por iniciar una campaña electoral en este 5 de febrero, todas las candidatas y candidatos puedan efectivamente garantizar a la sociedad ecuatoriana un campaña de altura, con propuestas y debates, que permita  a la ciudadanía poder informarse, comparar y a la final decidir.


[1] María Arboleda, “Mujeres hacia la paridad: cambios moleculares y resistencia al cambio”. La Tendencia – Revista de Análisis Político, (marzo/abril de 2009): 130.

[2] Ibídem.

[3] Laura Albiane, “Obstáculos y desafíos de la paridad de género. Violencia política, sistema electoral e interculturalidad.” Revista Íconos No. 52 (mayo de 2015): 148.

[4] Ibídem.

[5] Rosa Cobo Bedía, “Democracia paritaria y sujeto político feminista”. Revista Anales de la Cátedra   Francisco Suárez, 36: 29-44.

[6] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, dentro de su sentencia en el caso SUP- REC – 735 / 2015 del 23 de septiembre de 2015.

[7] Ibídem.

[8] Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – “Convención de Belem do Para”, 1995.