Paraísos fiscales y su consecuencia jurídica en Ecuador

El mundo entero al momento denota una gran preocupación por la erosión de sus bases tributarias, es decir, no existen suficientes recursos que provengan de los tributos para financiar las demandas sociales entiéndase aquí los derechos constitucionales a la educación, salud, vivienda. Una de las organizaciones que ha tomado la batuta es de la OCDE.

La OCDE es la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo Económico fundada por los países desarrollados como EE.UU, Francia, Alemania entre otros en el año 1961 con la finalidad de gestionar políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas y los países. En Latinoamérica únicamente Chile, Costa Rica, México y Colombia son miembros de dicha organización.

Esta organización desde el año 2013 ha puesto sus ojos en analizar la función que cumplen los PARAISOS FISCALES o países de baja imposición tributaria, estableciéndose una serie de acciones denominadas BEPS (base ersosion and Proffit Shiffting) cuyo objetivo es luchar contra aquellas estrategias de planificación, evasión o elusión tributaria que ocultan las utilidades para efectos tributarios.

Es tan complejo el problema que los países más ricos del mundo G7 liderado por EE.UU se reunieron el pasado mayo de este año buscando la forma de encontrar soluciones a este problema, que afecta tanto a economías fuertes como en desarrollo, pues según estimaciones de la misma OCDE aproximadamente 300 mil millones reposan en los llamados paraísos fiscales, y las palabras de Joe Biden ha sido: «matemos a los paraísos fiscales»

Y, es que el pasado mayo el G7 propuso entre unas de sus acciones cobrar un impuesto a las multinacionales que puede ir del 15 al 25% recaudación que tampoco significa que irá a nuestros países, pues al parecer no tendremos mayores beneficios de dichos ingresos, que sí los tendrá los países ricos. Esta decisión finalmente será ejecutada este mes de octubre de 2021, en donde la OCDE se reunirá para fijar el porcentaje, que sin duda provocará reacciones a los territorios de baja imposición fiscal o también denominados paraísos fiscales – guaridas fiscales.

Es decir, en el concierto internacional la lucha contra los paraísos fiscales inició hace rato, y como indicamos los países más ricos del mundo enfrentan también un grave problema de recaudación fiscal por el uso de esos territorios de baja imposición tributaria o lugares de casi nula tributación que dejan a sus países sin recursos para cumplir las demandas sociales.

Ecuador como cualquier país del mundo moderno financia parte de sus ingresos con los tributos, tributos que significan el costo de vivir en sociedad, y la lucha contra los paraísos fiscales como observamos es un problema global. Ecuador también ha recogido parte de esas acciones internacionales para convertirlas en ley entre ellas no reconocer deducciones, exenciones o beneficios tributarios a los contribuyentes que tengan relación con paraísos fiscales.

Ahora bien, en Ecuador la única autoridad que califica qué país es un paraíso fiscal es el Servicio de Rentas Internas, entidad que con una resolución fija el listado de territorios o países que los considera paraíso fiscal, y esto puede ser reformado sin necesidad de ley. Aquí debemos aclarar que en un paraíso fiscal también se ocultan negocios ilícitos, dineros de la corrupción entre otros.

Hasta este punto he explicado brevemente un antecedente de lo que sucede en el concierto internacional y los paraísos fiscales. Bien, en Ecuador con la explosión informativa de los «Pandora Papers» ha dejado información sensible sobre el máximo representante del ejecutivo, quien como es conocido por los medios internaciones y nacionales ha tenido inversiones o capitales en sociedades ubicadas en estos territorios, paraísos fiscales o de baja o nula tributación, situación que también ha afectado su imagen y legitimidad incluso frente al proyecto de Ley para la creación de oportunidades.

El tener inversiones en un paraíso fiscal no es un delito per se, ni tampoco ubica a un contribuyente que no ha cumplido la ley, siempre y cuando las sumas y restas en sus tributos con el país se hayan cumplido, y así mismo la salida de esos territorios de sus inversiones sean transparentes, si eso ocurre pues nada tendrá de qué preocuparse el Presidente Lasso.

De ocurrir lo contrario sería muy grave, pues el Presidente como servidor público caería en las inhabilidades para desempeñar el cargo que ostenta y claro con las consecuencias desastrosas para nuestra ya frágil economía. Pues la Ley Orgánica par la aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017 tiene en su Art. 8 la sanción de destitución o pérdida del cargo.

Esperemos que la información sea lo más transparente, que los entes de control ejecuten un trabajo respetando el debido proceso y defensa, que el Presidente Lasso haya cumplido con la normativa. Pues ante un país golpeado por una crisis sanitaria y económica, no está preparado para una nueva crisis política.